Somos la familia de Carlos Horacio Urán, Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado de Colombia, ejecutado en los hechos entorno a la toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo guerrillero en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de Noviembre de 1985, y su posterior retoma por las fuerzas armadas colombianas. 

Desde hace varios años hemos venido pidiendo verdad y justicia ante los tribunales colombianos. Si bien el caso ha avanzado en algunos momentos, son mas las barreras y obstrucciones a la justicia, incluso desde el propio poder Ejecutivo, con las que hemos estado enfrentadas. Es por eso, que el caso sigue actualmente en la más completa impunidad 

El asesinato de nuestro padre y esposo, así como la desaparición y/o tortura de otras 13 víctimas, han sido el objeto de varios procesos legales, pero totalmente infructuosas ante las cortes colombianas. Finalmente hemos acudido ante el sistema interamericano de derecho humanos, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano y posteriormente sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha llamado a audiencias por el caso, para la semana del 7 al 11 de octubre que se reunirá en la ciudad de México.

Incluso, el Departamenteo de Estado de los Estado Unidos en su "Memorandum of Justification Concerning Human Rights conditions with respect to assitance for the colombian Armed Forces" del 2010 y 2011, hacen mención al caso: In 2007, news footage from the palace takeover resurfaced showing that Urán, who until then was presumed dead in the crossfire between the army and M'19 guerrillas, left the palace injured but alive, in the hands of soldiers. The circumstances around death remain unclear, and the investigation into his murder stalled following Prossecutor Buitrago´s dismisal.

Quién era Carlos H. Uran :

Carlos Horacio era colombiano pero se graduó  como abogado, en la Universidad de la Republica en Uruguay.  En1985,al momento de su asesinato, tenía 42 años y era jurista  con una formación interdisciplinar; paralelo a su trabajo en el consejo de Estado de Colombia, preparaba su disertación doctoral en Ciencia Políticas en la Universidad de Paris con Maurice Duverger, sobre la participación del ejército de Colombia en la Guerra de Corea.  Contaba con una maestría en Filosofía del Derecho, una especialización en derecho administrativo y experiencia en el Consejo de Estado de Francia. 

Meses antes del asalto al palacio de justicia (1985) fué invitado a la universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Allí avanzó sus investigaciones en el Archivo Histórico Nacional de Washington y publicó un working paper sobre la temática de su disertación y otro sobre  Colombia  y el proceso de paz iniciado por B. Betancourt . Algunos extractos de este trabajo fueron publicados en 1985, Claude Julien, director de Le Monde Diplomatique. 

Carlos Horacio fuè un lider estudiantil católico reconocido a nivel nacional e internacional ligado a los grupos progresistas que dieron origen a la telología de la liberación.

Hechos de la toma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985:

En la toma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985, que albergaba a las más altas Cortes colombianas en ese entonces, se atacó de manera directa y sin reparos, el aparato judicial del Estado.  El M-19, un grupo subversivo armado, actualmente desintegrado, tomó como rehenes a cerca de 350 personas, incluidos los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

La “retoma” del palacio, como se conoce  a la acción de las Fuerzas Militares colombianas que debía tener como objetivo la recuperación de los rehenes, terminó en el incendio y destrucción total de las instalaciones del Palacio de Justicia.  A pesar de que las Fuerzas Armadas lograron salvar la vida de muchos rehenes, existen  pruebas irrefutables de que esas mismas Fuerzas Armadas tuvieron en su poder a rehenes que salieron con vida del Palacio de Justicia, y que fueron posteriormente torturados, desaparecidos y/o ejecutados extra-judicialmente por las mismas Fuerzas Armadas, entre ellos, nuestro familiar.

La falta de respeto a los Acuerdos de Paz se uso como justificativo para el ataque guerrillero al palacio de Justicia en 1985. Los administradores de Justicia de las Altas Cortes fueron víctimas  de  la confrontación política que aún hoy vive Colombia. Hasta la fecha, la verdad de los hechos y su significado histórico no han sido esclarecidos y el conflicto armado sigue siendo parte de la realidad colombiana

Actualmente el Poder Ejecutivo colombiano adelanta nuevos esfuerzos y dialogos con las FARC para ponerle fin. Sin embargo, para que el proceso de paz en curso pueda prosperar y ser duradero, es fundamental que se satisfagan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

Por eso el caso emblemático del Palacio de Justicia, clavado en el corazón de los colombianos, y vivido como un verdadero trauma nacional, exige más que ningún otro que cese la impunidad y la falta de verdad sobre lo acontecido. 

Impacto para el país y proceder de organismos del Estado y Ejecutivo

Desde los hechos del Palacio de Justicia en 1985, el aparato de justicia se ha debilitado vertiginosamene frente  al progresivo crecimiento del militarismo. El poder ejecutivo hasta la fecha no sólo no ha cooperado para el esclarecimiento de la verdad y no ha exigido a los organismos concernidos, en especial el ejercito nacional, que entreguen toda la documentación pertinente. Por el contrario ha desconocido las decisiones judiciales. Dos oficiales que dirigían las operaciones fueron condenados pero tanto el expresidente Alvaro Uribe como el actual mandatario Santos lo han desaprobado en la television nacional, incluso en compañia de altos representantes del ejercito. 

Asimismo, otra prueba contundente de lo que decimos, en cuanto a la falta de cooperacion para el esclarecimiento de los hechos, es que  en julio 2013 en una requisa por parte de la fiscalia a instituciones militares se encontró una importante información mantenida en secreto hasta ahora.

Esta información habría sido de mucha utilidad  en los procesos para el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente confirma una vez más la responsabilidad del ejercito, en  muchos delitos cometidos durante la llamada retoma. 

Con ello se demustran las omisiones del Estado, su obstrucción a la justicia y falta de voluntad y deligencia en las investigaciones lo que ha significado costos impresionantes para los que asumen la tarea de buscar la verdad, ya sean familiares, defensores de derechos humanos, miembros del aparato judicial o aún periodistas. 

La busqueda de la verdad y justicia:

En el 2005 al cumplirse los 20 años del holocausto, la Corte Suprema  estableció una comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Esta no tenía implicaciones jurídicas sino de memoria que culminó en el 2010 con un informe final. 

Al mismo tiempo, en 2005 se abrió un proceso judicial para esclarecer que había sucedido con 11 persona desaparecidas. Desde el insuceso, los familiares de los desaparecidos, emprendieron una búsqueda incansable de sus seres queridos, exigiendo verdad, justicia y reparación a nivel nacional e internacional.

Avances en la búsqueda

En el 2007, dentro de estas investigaciones, al realizarse una requisa en un batallón de inteligencia militar en la caja secreta, las autoridades judiciales encontraron dos elementos que tenían que ver con la muerte de Carlos Horacio Urán; por una parte su billetera con  varios documentos que daban cuenta de su identidad y posición en el Consejo de Estado, por otra, una lista con  los nombres de los  guerrilleros abatidos a los cuales habían sumado el nombre del magistrado  Manuel Gaona y escrito con lápiz el nombre de Carlos H. Urán.  

Sumado esto, a los datos que daba la autopsia ya no quedaban muchas dudas  de que se trataba de un homicidio.  Para la legislación colombiana el caso había prescrito. 

Finalmente el 31 de  diciembre de 2009, con el apoyo de los abogados de CEJIL y CAJAR que desde entonces nos representan, logramos que el caso fuera admitido por la fiscalía dado que el caso Palacio de Justicia estaba en trámite  en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró  la responsabilidad del Estado colombiano y posteriormente sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Mensaje que queremos transmitir

Nosotras, y como  en su momento Carlos Horacio, creemos en la justicia y en la importancia de fortalecer el aparato judicial estatal y queremos pedir el apoyo de organismos defensores de derechos humanos, asociaciones de jueces y juristas  e instituciones gubernamentales extranjeras para que hagan saber el interés que tienen en el esclarecimiento de este caso y de que cese la impunidad, al gobierno colombiano representado en su Presidente Juan Manuel Santos, en el Fiscal General Eduardo Montealegre, y Agencia para la defensa del Estado.  

El apoyo o seguimiento internacional es muy valioso, porque es para nosotras casi la única opción que tenemos para que por una parte se nos respete a nosotras y nuestra dignidad como personas cuando debemos reclamar o ser testigos ante tribunales nacionales o internacionales, pero también para ayudarnos a reivindicar la memoria de Carlos Horacio que durante todos estos años ha sido vilipendiada y estigmatizada por algunos sectores políticos interesados en la falta de justicia en Colombia, en este y muchos otros casos.

Concretamente,  hacer un seguimiento cercano a las audiencias de la corte en Brasilia entre el 11 y 13 de noviembre para evitar el maltrato  a los testigos y las víctimas, por parte de la defensa, sería un gran apoyo.

En un sentido similar, con todo respeto, nos atrevemos a proponer también que autoridades gubernamentales hablen con el gobierno colombiano y expresen su preocupación, sorpresa, consternación disgusto, o lo que se pueda, con las acciones de obstrucción de justicia en un caso que precisa el mayor apoyo por  parte del ejecutivo.

  Anahí, Helena, Mairée, Xiomara Urán Bidegain  y Ana María Bidegain